ENTREVISTA AL SR. CARLOS BASOMBRÌO

Publicado por vanessa domingo, 29 de noviembre de 2009

Miembro del Consejo de la "Veeduría Ciudadana de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas".
Carlos Basambrío, nos brinda un amplio panorama de las responsabilidades del Estado con respecto a la problemática de la trata de persona. Además, señala la importancia del reciente auspicio de la Comisión Europea a la Veeduría ciudadana.

1.- ¿Qué es la Veeduría Ciudadana? y, ¿por qué se crea una Veeduría Ciudadana de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas?

Es un mecanismo democrático de auditoría y vigilancia social de la gestión pública. Es una manera de contribuir a mejorar la prestación de los servicios y la implementación de las políticas públicas a partir del ejercicio del derecho ciudadano de conocer de estos asuntos y demandar al Estado que informe acerca del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con la población.
Cuando nos enfrentamos a delitos graves como la trata de personas, tenemos que considerar que no solamente son violadores de derechos humanos las organizaciones criminales que cometen estos delitos, sino que también el Estado puede llegar a violar estos derechos por omisión en el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo en la protección de la víctimas.
En ese sentido, una Veeduría Ciudadana en la materia, adquiere mucho sentido, más aún en un país donde cada día descubrimos que la trata de personas es un problema más extendido de lo que pensábamos antes.

2.- Existen iniciativas similares en otros países de América Latina, ¿qué motivó la creación de una instancia similar en el Perú?

Conozco la existencia de Veeduría Ciudadana en algunos países de la región, pero es Colombia el país que han tenido un mayor desarrollo, incluso existe un Fondo de Desarrollo Comunal y Participación de Gobiernos, que promueve la creación y financiamiento de Veedurías Ciudadanas.
Sin embargo, somos los primeros, en materia de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas y por ello el interés del Reino de los Países Bajos y de la Comisión Europea en apoyar iniciativas de esta naturaleza que bien pueden convertirse en buenas prácticas para la región.

3.- ¿Qué rol debe jugar la ciudadanía en la fiscalización de políticas públicas en el Perú?

En temas graves de violación de derechos humanos, la experiencia nos muestra que la ciudadanía juega un rol fundamental, en este caso vigilando la acción pública. La Veeduría busca que el Estado se encuentre a la altura de las exigencias que plantea esta situación, de lo contrario pondremos en evidencia sus omisiones. No solo somos críticos, por eso también queremos ser propositivos y colaborar con el Estado proponiendo alternativas para hacer frente a este grave delito.

4.- ¿Cómo puede la Veeduría ayudar al cumplimiento de los objetivos planteados?


Llevamos poco tiempo desde nuestra creación pero ya hemos concretado el apoyo de la cooperación internacional, así como de la Defensoría del Pueblo, con la que hemos suscrito un convenio e incluso con el propio Congreso de la República, que ha creado una Sub Comisión especial para hacer frente a este delito.
Nos falta trabajar más con los medios de comunicación para generar más sensibilidad con el tema y por eso lanzamos en abril el segundo concurso periodístico sobre la trata de personas: Como se recuerda el primero fue un incentivo para que los medios de comunicación informen más y mejor sobre la materia.

5.- ¿Qué instituciones públicas deberían mejorar su participación en la lucha contra estas problemáticas?

La promulgación del Reglamento de la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, plantea una serie de desafíos y retos para prácticamente todo el Sector público y es así como debe ser.
Sin embargo, esperamos que no pase lo mismo que con otros asuntos, en donde la legislación es muy buena, pero nunca se llega a implementar.
El mayor defecto del sector público en esta materia, es precisamente la ausencia de una adecuada gestión, articulación e incluso de liderazgo para tomar la sartén por el mango. Un ejemplo de ello, es la negativa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a asumir la responsabilidad de brindar alojamiento a las víctimas y restringirse solamente a la labor de coordinación en esta materia.
Es una pena, pero en la práctica las víctimas se encuentran libradas a su suerte y al parecer el Estado no ha entendido la magnitud del problema que enfrenta y de cómo debe protegerse prioritariamente a las víctimas y testigos de estos delitos. Corremos el riesgo que una de ellas termine siendo asesinada por falta de protección.
Si eso llegara a suceder, seguro que se conformará una comisión investigadora en el Congreso o será primera plana en la prensa, pero el mayor daño, además de la vida de la víctima, será el mensaje de desprotección total, que quedará a quienes aún son víctimas y pretenden escapar o denunciar estos hechos.
Me preocupa que el Estado no logre entender que estamos enfrentado una situación que de dejarse tal cual está, nos puede llevar a convertirnos en un paraíso de la trata de personas. Al respecto dos ejemplos más terminan de graficar la ausencia de acción del Estado, uno es la zona de Huepetuhe en Madre de Dios y otro La Rinconada en Puno, en ambos lugares hay por lo menos 200 adolescentes explotadas sexualmente en este preciso momento y no se hace absolutamente nada, entonces uno se pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la insensibilidad de las autoridades con estas víctimas?

6.- ¿Qué rol específico juega el Consejo de la Veeduría Ciudadana de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas?

Es un órgano de consulta integrado por personas que hemos trabajado o trabajamos en el ámbito de los derechos humanos.
Nuestro rol, es dar orientación estratégica y promover para que se convierta en el gran referente en estas materias. Algunos nos desempeñamos en el campo del periodismo, otros en el campo académico y además integran el Consejo dos centros universitarios como la Universidad Católica y la Universidad Cayetano Heredia.

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